La defensa de los derechos fundamentales ante el ejercicio del poder

El Estado de Derecho demuestra su fortaleza especialmente en aquellos procedimientos en los que resulta más difícil preservar las garantías de todas las personas implicadas.

Recientemente, el socio director de Casellas Advocats, Pere Casellas, ha obtenido una sentencia absolutoria en un procedimiento penal en el que el tribunal ha concluido que una de las pruebas determinantes había sido obtenida vulnerando un derecho fundamental.

La resolución reafirma un principio esencial de nuestro sistema jurídico: la investigación y persecución de los delitos deben desarrollarse respetando escrupulosamente las garantías constitucionales. La justicia exige buscar la verdad, pero también obliga a hacerlo mediante los procedimientos legalmente establecidos.

Cuando una prueba se obtiene vulnerando derechos fundamentales, no puede ser considerada una prueba legítima. Esta exigencia no responde a una cuestión meramente formal, sino a la necesidad de proteger la libertad, la intimidad y la dignidad de todas las personas frente a posibles actuaciones arbitrarias.

La defensa penal no implica defender los hechos atribuidos a una persona. Consiste en garantizar que cualquier investigación, acusación o juicio se desarrolle respetando los derechos reconocidos por la Constitución y por la legislación procesal.

Las garantías procesales protegen al conjunto de la ciudadanía. Constituyen el límite que los poderes públicos no pueden traspasar, incluso cuando actúan con la finalidad legítima de investigar un delito.

En Casellas Advocats ejercemos la defensa penal con independencia, rigor jurídico y un firme compromiso con los derechos fundamentales. Analizamos cada procedimiento de manera individualizada, revisando la legalidad de las actuaciones practicadas y defendiendo los intereses de nuestros clientes en todas las fases del proceso penal.

La validez de una investigación penal depende tanto de los hechos investigados como del respeto a los derechos y a las garantías procesales. Una prueba obtenida vulnerando un derecho fundamental puede ser declarada ilícita y quedar excluida del procedimiento. Por este motivo, resulta esencial disponer de una defensa penal especializada que examine rigurosamente el origen de las pruebas y la legalidad de todas las actuaciones. Casellas Advocats ofrece asesoramiento y defensa en procedimientos penales, con una actuación basada en la experiencia, la independencia profesional y el respeto a los principios del Estado de Derecho.